‘Gigantesco’ espionaje a defensores de DDHH en Colombia, denuncian en CIDH

Los defensores de derechos humanos en Colombia sufren una “gigantesca e ilegal operación” de espionaje por parte de varios organismos del Estado, denunciaron ONG este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La denuncia fue hecha durante una audiencia en Washington, en la que la representación del Estado colombiano se retiró alegando erorres procesales de la comisión.

“Se genera una gigantesca e ilegal operación de inteligencia” contra los defensores de derechos humanos, que “compromete a todas las agencias del Estado y no exclusivamente al DAS (servicio de inteligencia)”, dijo Reinaldo Villalba, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR).

El DAS, que ha estado en el centro de recientes escándalos por denuncias de vigilancia a varios sectores, principalmente líderes opositores, creó un grupo dedicado específicamente a los defensores, contra quienes desató “una persecución ilegal y sistemática”, dijo Villalba.

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López Murphy tiene pinchados los teléfonos de su despacho

La irregularidad se descubrió en un procedimiento judicial

* También están intervenidas las líneas de dos secretarios del área económica

* Ya no se pueden escuchar las conversaciones porque se instaló un sistema de protección

El ministro de Economía, Ricardo López Murphy; su segundo, el secretario de Hacienda, Daniel Artana, y el secretario de Defensa de la Competencia y del Consumidor, Carlos Winograd, tienen intervenidos ilegalmente los teléfonos que utilizan en el ministerio.

Estas pinchaduras, realizadas con tecnología de última generación, fueron detectadas ayer en un procedimiento de más de cuatro horas que la Justicia ordenó para controlar la central telefónica del Palacio de Hacienda.

El titular del juzgado federal Nº 4, Rodolfo Canicoba Corral, investiga una denuncia penal impulsada por el ex ministro de Economía José Luis Machinea cuando a pocos días de asumir los técnicos del ministerio descubrieron que 21 de las 33 líneas telefónicas estaban intervenidas.

Estas escuchas fueron neutralizadas más tarde, al instalarse un sistema de protección telefónica que evitó que desde el exterior pudieran grabarse las conversaciones en los despachos.

Sin embargo, la red de espionaje no sólo continuó conectada sino que mejoró su capacidad técnica. Al revisar ayer la totalidad de los teléfonos, los funcionarios judiciales se encontraron con otra sorpresa: cuatro líneas (dos directas) que pertenecen a López Murphy habían sido interceptadas en forma irregular.

También lo fueron los teléfonos de sus dos secretarios. En el Palacio de Hacienda restaron importancia al procedimiento judicial, al que calificaron de operativo de “rutina”.

“Todos sabemos acá que los teléfonos están pinchados”, minimizaron el episodio voceros del área. Ayer, el nerviosismo no estaba centrado en los “ruidos” telefónicos, sino en los que pudiera producir el anuncio de hoy de las medidas económicas.

Según informaron a La Nación fuentes que participaron de este operativo, los instrumentos hallados son todos de tecnología digital, de última generación (aparato STG-BIOS, modelo TDM 99904230).

Lo novedoso es que se pudo individualizar el cable de fibra óptica que había sido utilizado para pinchar los teléfonos. Los expertos opinaron que, con ayuda de Telefónica de Argentina, este elemento permitiría conocer la procedencia del espionaje.

Un cable idéntico se encontró en la Secretaría de Inteligencia (SIDE) en un procedimiento judicial dispuesto por el juez Jorge Urso.

Este tipo de material, entre otras bondades, posibilita el transporte de una gran cantidad de líneas intervenidas (hasta 2000). En ese flujo habrían aparecido otras líneas de la zona de Plaza de Mayo.
Más sospechas

La sospecha es que el Ministerio de Economía no es el único organismo interceptado por los hackers telefónicos. Ayer trascendió que un operativo similar se había realizado hace unos días en la Casa Rosada, con resultados también similares, aunque no pudo conocerse el nombre de los funcionarios perjudicados.

Pasado el mediodía, una delegación integrada por una decena de funcionarios judiciales, policiales y técnicos llegó al 1er. piso del edificio de la calle Hipólito Yrigoyen con computadoras especializadas para inspeccionar líneas de teléfonos.

El grupo estaba compuesto por empleados judiciales, miembros de la Policía Federal, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). El ingeniero en telecomunicaciones Claudio Garbarz concurrió en representación del ministerio como responsable de la seguridad telefónica.

En el acta, que fue firmada al finalizar el procedimiento, se dejó constancia de todas las irregularidades aparecidas en los teléfonos discados. Estas anomalías se leyeron en una pantalla como una sucesión de números y letras. Después de que se retiró la comisión judicial, las escuchas fueron bloqueadas con el mismo mecanismo que existía. Si bien esta causa judicial por un delito contra la seguridad pública se originó por una denuncia del antecesor de López Murphy, los equipos interceptores localizados ahora aumentaron su calidad de captación. Hace un año, el canal transmisor tenía capacidad para pinchar apenas 30 líneas y no se había utilizado fibra óptica.

El instrumental digital de marca AST correspondía a la empresa que es proveedora exclusiva de la agencia norteamericana National Security Agency (NSA), el organismo que reemplazó a la CIA en el espionaje telefónico.

De todas formas, los funcionarios de Economía no pudieron establecer el origen de esta conexión ilegal.

Para contrarrestar esta situación, los técnicos del ministerio instalaron un sistema de protección que consiste en bombardear con un virus telefónico el equipo interceptor, que impide las escuchas ilegales.

La existencia de pinchaduras telefónicas volvió a quedar en evidencia, hace unas semanas, cuando la diputada Elisa Carrió (UCR-Chaco) denunció que sus teléfonos particular y celular estaban intervenidos.

Por este tema, la legisladora que investiga el lavado de dinero en la Argentina fue citada a declarar al Congreso, donde se estudia una postergada ley para regular el uso legal de las escuchas.

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=56142

Gold Lock Enterprise VS Skype

Skype uses SSL which uses electronic certificates and 128 bit encryption (standard for credit card transactions online also) This level of encryption is NOT appropriate for even top secret level communications. How many times have credit card numbers been stolen online?

http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security

128-bit 2^128 2 multiplied by 2 128 times over. = 339,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 (give or take a couple trillion…).

Gold Lock Enterprise uses 4 different encryption methods. One of which is 16,384 Bit Authentication. That is 2 multiplied by 2, 16,384 times over (not just 128 times). This method IS appropriate for top secret level communications. Enterprise uses 16,384 Bit Authentication Elliptic Curve 384 Bits (RSA 7680 Bits Equivalent) AES 256 Bits Diffie Hellman 4096 Bits

AES – http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard Top Secret appropriate

RSA – http://en.wikipedia.org/wiki/RSA Top Secret appropriate

Diffie Hellman – http://en.wikipedia.org/wiki/Diffie-Hellman_key_exchange Top Secret appropriate

In addition to this technical “stuff” the facts remain that Skype provides a key to governments for lawful interception (which means all the security in the world in now a mute point) and  Skypes 128 bit encryption has been broken, and hackers now easily intercept their calls.

http://sigillu.wordpress.com/category/technologies/skype/

As you can see Enterprise has significantly higher encryption capabilities than Skype. Skype encrypts just enough to satisfy their customers. Gold Lock takes pride in having the best and highest encryption software on the market. Gold Lock Enterprise is a military grade encryption software. No military uses Skype to relay orders or pass top secret information.

Jueza de Caso BTR aún no informará a comisión que investiga ‘chuponeo’

La titular del 34 Juzgado Penal de Lima, María Elena Martínez, envió hoy una carta al presidente de la comisión congresal que investiga la red de espionaje telefónico y digital que montó la empresa Business Track (BTR) y que, entre otras cosas, originó la caída del Gabinete presidido por Jorge del Castillo.

“Aún se encuentra en pleno desarrollo la diligencia de visualización y escucha de los bienes incautados (a BTR y al ex ministro Rómulo León Alegría, preso por tráfico de influencias) cuyo proceso ha sido declarado temporalmente bajo estricta reserva”, se lee en el documento enviado a la comisión que preside Oswaldo Luízar: “Lo que no significa que esta judicatura se haya negado a entregarle copia de dicho material, sino que se atenderá el pedido en su oportunidad, levantada dicha reserva”.

Como se recuerda, los aparatos de escucha e interceptación telefónica así como las CPU de las computadoras de León Alegría y los gerentes de BTR(también presos por escucha ilegal) fueron incautados hace más de un año.

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Nacionalistas piden sanción por ‘chuponeo’

El Partido Nacionalista demandará a las autoridades judiciales una investigación ante la aparición de audios que registran diálogos entre personajes de la agrupación, entre ellos los de su líder Ollanta Humala, incautados a la empresa Business Track (BTR).

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Nacionalistas relacionan a presidente García con ‘chuponeo’ a su líder

Lo señalan. Carlos Tapia recuerda que en campaña recibieron advertencia de interceptación. Formarán comisión dentro del partido para recabar información y formular denuncia respectiva.

Luego que se conociera que Business Track (BTR) interceptó las conversaciones telefónicas y electrónicas de Ollanta Humala y su equipo de campaña durante las elecciones de 2006, el Partido Nacionalista asegura que lo anterior refuerza la hipótesis que vincula directamente al Partido Aprista y al presidente Alan García con los hechos.

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Espionaje: Macri defendió al ministro Montenegro

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El escándalo se desató hace semanas, durante la investigación de una denuncia realizada por Sergio Burstein, familiar de uno de los 85 muertos que dejó en 1994 el atentado contra una mutualista judía de Buenos Aires, quien dijo que su teléfono estaba intervenido, según le habían advertido en una llamada anónima.

Burstein aseguró que quien le dio la información responsabilizó a Jorge Palacios, un ex comisario que debió renunciar en agosto a la jefatura de la Policía Metropolitana después de que la comunidad judía le acusara de “encubrir” el ataque contra la mutualista, el mismo delito que ahora también le ha imputado la Justicia.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, negó hoy en forma categórica que el presunto espía Ciro James, investigado por escuchas ilegales a dirigentes sociales y empresarios, haya actuado por orden de la Policía Federal.

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Escándalo de escucha telefónica salpica a Macri

El hombre fuerte de la oposición argentina y alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, ha sido salpicado por un escándalo de espionaje telefónico, a semanas de que se ponga en funcionamiento un nuevo cuerpo policial para combatir la inseguridad.

Sin embargo, el poderoso político conservador intentó ayer desligarse de las acusaciones. “A mí no me interesa saber qué cosas habla por teléfono la gente en Argentina”, se defendió Macri antes de atribuir el escándalo a la “tensión” que genera que a finales de noviembre los agentes de la nueva Policía Metropolitana “salgan a la calle”.

Pero el caso es más serio de lo que se quisiera porque el tema de la escuchas afecta a un familiar de uno de los 85 muertos en el atentado de 1994 contra la mutual judía AMIA, tras la investigación de una denuncia realizada por Sergio Burstein, al asegurar que su teléfono estaba intervenido, según le advirtieron en una llamada anónima.

El juez Norberto Oyarbide, que lleva la causa, estableció que los servicios secretos habían intervenido el teléfono de Burstein por orden de un juez de la provincia de Misiones (noreste) que investigaba un homicidio. Dos policías de Misiones, detenidos, declararon haber recibido la recomendación de efectuar las escuchas de Ciro James, un ex agente de la Policía Federal que aspira a ingresar en la Policía Metropolitana y que es funcionario del gobierno local de Macri.

“Estamos en presencia de un Watergate porteño que se irá profundizando mientras el gobierno (de la ciudad) no diga la verdad y siga encubriendo a Ciro James y a otros funcionarios que trabajan en tareas de inteligencia”, sostuvo ayer el diputado Eduardo Epszteyn, del opositor Diálogo por Buenos Aires.

Los investigadores sospechan que James, también preso, intervenía teléfonos “a pedido” y había blanqueado las escuchas de las conversaciones de Burstein al incorporarlo intencionalmente en la causa que se seguía en Misiones. Según James, las escuchas las realizó para colaborar con dos policías amigos, pero éstos afirmaron todo lo contrario.

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Tres empresas más estarían dedicadas al ‘chuponeo’

Congresista afirma que están a cargo de gente vinculada a la Marina. Precisa que Business Track movió US$1,5 mlls. entre el 2007 y el 2008. “Están operativas, pero se están cuidando de momento”, indica. “Hay pagos a BT de la Embajada de Venezuela en Bolivia”, sostiene

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García Márquez fue víctima de “chuponeo” en México

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El escritor se estableció en México a principios de los 60 y, aunque ha residido durante periodos prolongados en otros lugares desde entonces, actualmente vive en Ciudad de México.

Fue vigilado desde los años 70, con los Gobiernos de Luis Echeverría (1970-1976) y José Luis López Portillo (1976-1982).

El espionaje no llegó a penetrar el círculo interno de “Gabo”, aunque sí a identificar su entorno de familiares y amigos y a intervenir su teléfono.

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